Lansing, MI. La fiscal general de Michigan, Dana Nessel, anunció su respaldo a una acción judicial que cuestiona las políticas y prácticas del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) relacionadas con los arrestos civiles por motivos migratorios sin orden judicial.
Nessel, junto con otros 21 fiscales generales, presentó un escrito amicus curiae ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia. Este tipo de documento permite que terceros aporten argumentos jurídicos para ayudar al tribunal a evaluar un caso.
El recurso respalda la demanda Escobar-Molina v. DHS, que cuestiona la legalidad de las detenciones migratorias sin orden judicial en el Distrito de Columbia.
¿Qué establece la ley federal sobre los arrestos migratorios?
De acuerdo con el escrito presentado por la coalición, la legislación federal exige que los agentes migratorios tengan causa probable para creer que una persona se encuentra ilegalmente en Estados Unidos y que existe riesgo de que escape antes de que pueda obtenerse una orden judicial.
Sin embargo, los fiscales generales sostienen que los agentes federales realizan habitualmente arrestos sin orden judicial sin determinar previamente si existe ese riesgo de fuga.
El caso ya tuvo un avance judicial el 2 de diciembre de 2025, cuando el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia concedió parcialmente una solicitud de medida cautelar preliminar.
Michigan advierte sobre las consecuencias para las familias inmigrantes
En su declaración, Nessel señaló que las detenciones que considera ilegales tienen efectos que van más allá de las personas arrestadas y pueden afectar a familias enteras y a sus comunidades.
“Cuando los agentes migratorios realizan arrestos ilegales, el daño va mucho más allá de la persona detenida”, afirmó la fiscal general.
Nessel explicó que estas prácticas pueden provocar que los niños falten a la escuela, que los trabajadores permanezcan en sus hogares y que algunas familias sientan temor de buscar atención médica o llamar a la policía cuando necesitan ayuda.
La funcionaria también sostuvo que el Gobierno federal tiene la responsabilidad de hacer cumplir las leyes migratorias, pero debe hacerlo respetando la legislación vigente.
El escrito señala que Michigan ha experimentado consecuencias en distintos ámbitos, entre ellas interrupciones en las actividades agrícolas, afectaciones a la estabilidad económica de las familias y una disminución de la confianza entre las comunidades inmigrantes y las autoridades policiales locales.
Asimismo, cuestiona el uso de pasamontañas, gafas oscuras, ropa de civil y vehículos sin distintivos durante los operativos, así como la negativa de algunos agentes a identificarse, prácticas que, según el documento, aumentan el temor y la incertidumbre entre los residentes afectados.
Una coalición de 22 fiscales generales
Además de Michigan, la coalición está integrada por los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington.
Con esta presentación judicial, los fiscales generales buscan que se examinen las prácticas de detención cuestionadas y se exija el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a los arrestos migratorios sin orden judicial.
La iniciativa pone de relieve el debate sobre la aplicación de las leyes migratorias federales y sus repercusiones en las comunidades locales, incluidas las familias hispanas e inmigrantes que viven en Michigan.