Lansing, MI – La fiscal general de Dana Nessel anunció que logró una orden judicial preliminar que bloquea temporalmente a la administración del presidente Donald Trump de imponer ciertas condiciones a fondos otorgados a través de programas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
La decisión fue obtenida junto a una coalición de 21 fiscales generales estatales, quienes presentaron una demanda en marzo argumentando que el USDA amenazó con aplicar sanciones severas a los estados que no cumplieran con requisitos relacionados con inmigración, diversidad, equidad, inclusión e identidad de género, condiciones que —según la demanda— no tienen relación con el propósito original de los fondos federales.
De acuerdo con Nessel, los recursos del USDA son fundamentales para sostener servicios esenciales dirigidos a millones de niños vulnerables, familias trabajadoras, adultos mayores y comunidades rurales en Michigan y en el resto del país.
“Mientras la administración Trump ha intentado repetidamente imponer condiciones vagas e ilegales a fondos federales esenciales, me alivia que los tribunales en todo el país hayan respaldado el estado de derecho y a los residentes que dependen de estos recursos para salir adelante”, expresó Nessel en un comunicado oficial.
La fiscal general agregó que su oficina continuará luchando para garantizar que las necesidades básicas de las familias de Michigan no sean utilizadas como herramienta política.
Los programas financiados por el USDA incluyen iniciativas de alimentación escolar que benefician aproximadamente a 30 millones de niños en Estados Unidos, además de programas destinados a fortalecer el sistema alimentario nacional, apoyar la producción agrícola, financiar investigaciones universitarias y respaldar programas de prevención y combate de incendios.
Michigan recibe miles de millones de dólares en fondos federales del USDA para distintos programas. Entre ellos destacan más de 761 millones de dólares para programas de nutrición infantil durante el año fiscal 2025, 210 millones para el programa WIC en 2023, 3 mil millones de dólares para SNAP en 2024 y 16 millones destinados al programa TEFAP en 2026.
La coalición que participó en la demanda incluye a los fiscales generales de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia.