La fiscal general de Michigan, Dana Nessel, anunció este martes una victoria judicial definitiva contra una política impulsada por la administración del presidente Donald Trump que imponía un pago obligatorio de 100 mil dólares para nuevas solicitudes de visas H-1B.
El fallo fue emitido por el Tribunal Federal del Distrito de Massachusetts, que anuló oficialmente la medida al considerarla ilegal. La decisión representa un alivio para hospitales, universidades, industrias manufactureras y organismos públicos que dependen de trabajadores extranjeros altamente calificados para cubrir vacantes especializadas.
Las visas H-1B permiten a empleadores estadounidenses contratar temporalmente profesionales extranjeros en áreas que requieren alta preparación académica y técnica, incluyendo médicos, enfermeros, maestros, investigadores y otros especialistas esenciales para enfrentar la escasez laboral en diferentes sectores del país.
Nessel formó parte de una coalición multilateral de fiscales generales que demandó la política a finales de 2025, argumentando que el cobro extraordinario creaba una barrera económica injustificada para las instituciones que necesitan contratar talento especializado.
“Nuestros hospitales, universidades y la industria manufacturera dependen de trabajadores calificados para mantener saludables y en funcionamiento nuestras comunidades”, expresó Nessel. “Imponer ilegalmente una tarifa masiva para reclutar este talento habría sido perjudicial para nuestra economía”.
La proclamación presidencial fue emitida el 19 de septiembre de 2025 y ordenaba un pago de 100 mil dólares para nuevas peticiones de visas H-1B presentadas después del 21 de septiembre de ese año. La medida también otorgaba amplia discrecionalidad al Departamento de Seguridad Nacional para decidir qué solicitudes debían pagar el cargo o recibir excepciones.
Los estados demandantes argumentaron que la política amenazaba con agravar la crisis de personal en sectores críticos como salud y educación, especialmente en gobiernos estatales y locales que utilizan el programa H-1B para cubrir puestos difíciles de ocupar.
Actualmente, el programa H-1B tiene un límite anual de 65 mil visas para la mayoría de empleadores privados, además de 20 mil visas adicionales para personas con maestría o grados superiores. Sin embargo, muchas instituciones gubernamentales y organizaciones de investigación sin fines de lucro están exentas de ese límite debido a sus funciones de servicio público.
Según datos incluidos en la demanda, trabajadores H-1B y sus familias aportan aproximadamente 86 mil millones de dólares anuales a la economía estadounidense. Además, contribuyen con 35 mil millones en impuestos federales y de nómina, así como 11 mil millones en impuestos estatales y locales.
La coalición sostuvo que el cobro de 100 mil dólares ponía en riesgo la calidad de servicios esenciales al dificultar la contratación de profesionales en áreas donde ya existen fuertes déficits de personal.
Con el fallo definitivo del tribunal, la política queda anulada y los empleadores podrán continuar presentando solicitudes de visas H-1B bajo las reglas previas establecidas por el Congreso.