Romulus, MI – La Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) decidió abandonar sus planes de convertir un almacén industrial en la ciudad de Romulus, en un centro de detención para inmigrantes y anunció que la propiedad será puesta a la venta. La decisión llega menos de tres meses después de que la fiscal general de Michigan, Dana Nessel, presentara una demanda para frenar el proyecto, argumentando que la instalación no cumplía con requisitos legales, ambientales y de infraestructura.
El inmueble, ubicado en el 7525 de Cogswell Street, fue adquirido por ICE en febrero de este año con la intención de transformarlo en un centro de detención migratoria de gran escala. De acuerdo con la oficina de la fiscal general, la compra se realizó sin previo aviso al Estado de Michigan, al gobierno municipal de Romulus ni a la comunidad local, lo que generó preocupación entre residentes y autoridades.
Ante esa situación, el 24 de marzo la fiscal general, en conjunto con la City of Romulus, presentó una demanda contra ICE y el U.S. Department of Homeland Security para impedir la conversión del edificio en un centro de detención.
Según la demanda, el almacén no era una ubicación adecuada para albergar a cientos de personas detenidas ni al personal necesario para operar una instalación de ese tipo. Entre los argumentos presentados se destacó que el edificio se encuentra menos de una milla de una escuela primaria y una escuela secundaria, colinda con vecindarios residenciales y está situado dentro de una zona propensa a inundaciones que registró eventos de este tipo tan recientemente como el año pasado.
Además, la acción judicial señalaba que la infraestructura existente era insuficiente para sostener una población estimada de alrededor de 500 detenidos y empleados. Entre las deficiencias mencionadas figuraban la falta de un número adecuado de baños, limitaciones en el sistema de alcantarillado y la ausencia de condiciones necesarias para el funcionamiento de un centro de detención de gran capacidad.
La demanda también sostenía que ICE y el Departamento de Seguridad Nacional incumplieron la Ley de Procedimiento Administrativo al no considerar de manera adecuada otras alternativas ya disponibles, como prisiones, cárceles o centros de detención existentes. Asimismo, alegaba que las agencias federales no cumplieron con las evaluaciones requeridas por la Ley Nacional de Política Ambiental y que tampoco colaboraron apropiadamente con las autoridades estatales y locales durante el proceso.
Una semana después de iniciar el litigio, Nessel presentó una solicitud de medida cautelar para detener cualquier obra de construcción mientras el caso avanzaba en los tribunales. La moción quedó completamente sustentada en abril y, según la fiscal general, en lugar de enfrentarse a una audiencia judicial sobre la solicitud, ICE y el Departamento de Seguridad Nacional aceptaron retrasar en varias ocasiones el inicio de las obras. Originalmente, los trabajos estaban previstos para comenzar antes del verano, pero posteriormente fueron pospuestos hasta finales de junio y luego hasta finales de julio.
Ahora, con el anuncio de que el almacén será vendido, la fiscal general celebró la decisión y afirmó que Romulus nunca fue un lugar apropiado para albergar un centro de detención de gran escala. En una declaración pública, sostuvo que la medida representa una victoria para los residentes de la ciudad y para toda el área metropolitana de Detroit, ya que, según indicó, la presencia de una instalación de este tipo habría tenido efectos negativos en la comunidad.
Nessel también agradeció el trabajo realizado por las autoridades municipales de Romulus y por el equipo legal de su oficina, señalando que sus esfuerzos fueron determinantes para impedir que el proyecto avanzara. Además, reiteró su compromiso de continuar utilizando las herramientas legales disponibles para proteger a los habitantes de Michigan frente a acciones federales que considere ilegales o perjudiciales.
Aunque ICE ha comunicado su intención de vender la propiedad y desistir del proyecto, el caso judicial aún no ha concluido. La demanda permanecerá activa hasta que las partes alcancen un acuerdo formal por escrito que garantice que el almacén de Romulus nunca será utilizado como centro de detención migratoria y que la propiedad será efectivamente puesta en venta.